Abogados Especialistas en Sanciones de la OFAC en Latinoamérica

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU., administra más de 30 programas de sanciones activos en 2026. Para la región latinoamericana, el foco se ha intensificado bajo la política conocida como «campaña de máxima presión», que amplía las designaciones a operadores financieros secundarios, empresas pantalla y personas físicas vinculadas —directa o indirectamente— con regímenes o redes criminales identificadas por Washington.

Las consecuencias de una designación no se limitan a la persona o entidad sancionada. La llamada regla de contaminación alcanza a cualquier contraparte que realice transacciones con un Specially Designated National (SDN): bancos corresponsales, proveedores, socios comerciales y hasta los propios asesores legales. En 2026, la OFAC amplió las herramientas de enforcement, incluyendo el rastreo de criptoactivos y el monitoreo de transferencias a través de sistemas de pago alternativos al SWIFT. Para empresas y particulares de la región, la lista SDN eliminación se convierte en el objetivo jurídico prioritario desde el momento en que se produce la designación.

La recuperación del acceso al sistema bancario internacional exige una estrategia legal multidimensional que combine la petición de reconsideración administrativa, la obtención de licencias específicas OFAC y, en ciertos casos, la impugnación judicial ante los tribunales federales de EE.UU.

El régimen sancionatorio de EE.UU. en Latinoamérica no es uniforme. Venezuela y México están sujetos a programas de sanciones dirigidas (targeted sanctions), mientras que Cuba continúa bajo un embargo comercial y financiero de carácter comprehensivo regulado principalmente por la Cuban Assets Control Regulations (CACR, 31 C.F.R. Part 515) y la Trading with the Enemy Act (TWEA).

En Venezuela, el programa Venezuela Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 591) permite designar a personas físicas y entidades por corrupción, violaciones de derechos humanos o vinculación con el sector energético estatal. Ejecutivos de PDVSA, funcionarios del sector financiero y contratistas privados han sido incluidos en la lista SDN Venezuela 2026 por vínculos documentados con el régimen anterior. Empresas con participación accionarial del 50% o más en manos de un SDN quedan automáticamente bloqueadas bajo la denominada «Regla del 50%».

En México, el programa Narcotics Trafficking Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 598) y las órdenes ejecutivas EO 14059 y EO 13878 permiten sancionar a empresas del sector agropecuario, hotelero, inmobiliario o de servicios profesionales por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) u otras organizaciones criminales transnacionales. Los llamados «gatekeepers» —abogados, contadores, asesores financieros— que faciliten transacciones en beneficio de un SDN pueden ser ellos mismos objeto de designación.

Cuba presenta la mayor complejidad operativa: las prohibiciones afectan prácticamente a toda transacción comercial, financiera o de servicios, con excepciones tasadas para exportaciones humanitarias, remesas familiares y telecomunicaciones. El compliance OFAC Latinoamérica para operaciones con Cuba exige un análisis previo de licencias generales y específicas antes de cualquier operación.

La arquitectura legislativa de las sanciones estadounidenses descansa sobre dos pilares fundamentales. La International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, 50 U.S.C. §§ 1701–1708) faculta al presidente para declarar emergencias nacionales y, sin previa notificación ni audiencia, bloquear activos bajo jurisdicción de EE.UU., prohibir transacciones y designar a personas o entidades en la lista SDN. La ausencia de notificación previa es el rasgo más gravoso para los afectados: el bloqueo opera de forma retroactiva, y los activos quedan congelados en el instante de la publicación en el Federal Register.

La Trading with the Enemy Act (TWEA, 50 U.S.C. App. §§ 1–44) complementa el IEEPA en contextos de conflicto declarado y continúa siendo la base jurídica del embargo cubano, vigente desde 1963. Para los expertos en derecho penal internacional que litigan en esta materia, la distinción entre ambas bases normativas condiciona tanto los plazos procesales como los remedios disponibles.

El procedimiento administrativo ante la OFAC no ofrece, en la mayoría de los casos, un derecho a audiencia previa a la designación. La revisión judicial bajo el Administrative Procedure Act (APA, 5 U.S.C. § 706) permite impugnar decisiones arbitrarias o carentes de sustento probatorio, aunque los tribunales federales aplican un estándar de deferencia elevado hacia las determinaciones de seguridad nacional.

La petición de delisting OFAC sigue un procedimiento formalizado descrito en el Código de Regulaciones Federales (31 C.F.R. § 501.807). El solicitante —persona física, entidad o representante legal autorizado— debe presentar ante la OFAC una petición escrita que demuestre, de manera documentada, la inexistencia de los fundamentos que motivaron la designación o un cambio sustancial de las circunstancias que la justificaron.

La práctica demuestra que las peticiones elaboradas sin asistencia jurídica especializada presentan tasas de rechazo considerablemente más altas. La OFAC no está obligada a revelar la totalidad del expediente de designación, por lo que la defensa debe reconstruir la lógica de la acusación a partir de fuentes públicas, notificaciones del Tesoro y análisis de inteligencia financiera. Tres son los ejes argumentales con mayor éxito histórico: error de identificación (mistaken identity), cese documentado de la conducta sancionada y ausencia de nexo suficiente con la base normativa aplicable.

La vía administrativa principal consiste en dirigir una solicitud formal a la dirección [email protected], acompañada de documentación acreditativa de identidad, árbol societario completo, contratos relevantes, extractos bancarios y declaraciones juradas que desvirtúen los cargos imputados. La OFAC realizará una verificación de identidad del solicitante y analizará los motivos de inclusión en la lista.

El quiebro de análisis más frecuente en estas peticiones radica en la insuficiente acreditación del «cambio de comportamiento». La OFAC exige no solo que la conducta haya cesado, sino que el solicitante demuestre mecanismos de compliance interno, separación de socios o administradores vinculados al SDN originario y ausencia de beneficio futuro para el régimen o red sancionada. Los abogados internacionalistas sanciones del Collegium preparan la documentación con un enfoque forense: cada afirmación factual queda respaldada por evidencia trazable.

Una vez presentada la petición, la OFAC puede solicitar información adicional o programar entrevistas. No existen plazos legales vinculantes para resolver, aunque el promedio en casos de Latinoamérica oscila entre 6 y 24 meses. La representación legal activa —con comunicaciones periódicas y presión procedimental— incide directamente en los tiempos de resolución.

El desbloqueo de cuentas OFAC requiere, en la práctica totalidad de los casos, la obtención de una licencia específica (specific license) emitida por la OFAC al amparo de 31 C.F.R. § 501.801. Esta licencia autoriza transacciones concretas que de otro modo estarían prohibidas: transferencia de activos congelados a cuentas de terceros no sancionados, pagos de honorarios legales, operaciones de mantenimiento de activos o liberación de fondos destinados a gastos humanitarios.

El proceso de desbloqueo de activos congelados en entidades financieras estadounidenses oscila entre 3 y 18 meses, dependiendo del volumen de activos, la complejidad del caso y la carga administrativa de la OFAC. Las licencias específicas son el instrumento más utilizado durante el período transitorio entre la presentación de la petición de delisting y su resolución definitiva, ya que permiten acceder parcialmente a recursos para sufragar los propios costes de defensa.Los abogados de recuperación de activos internacionales del Collegium articulan la solicitud de licencias específicas en paralelo con la petición de delisting, reduciendo el período de inmovilidad financiera del cliente.

El panorama sancionatorio en Latinoamérica en 2026 presenta tres focos de alta conflictividad jurídica, cada uno con dinámicas normativas y de enforcement diferenciadas.

El arresto de Nicolás Maduro en enero de 2026 y el proceso de transición política en Venezuela han generado un escenario jurídico de excepcional complejidad para las personas designadas bajo el programa venezolano. La OFAC ha emitido nuevas licencias generales para el sector petrolero —permitiendo ciertas operaciones con PDVSA bajo condiciones estrictas— pero no ha procedido a una designación masiva de personas vinculadas al régimen anterior.

Subsisten en la lista SDN centenares de ejecutivos, funcionarios y empresarios cuya designación respondió a vínculos con el gobierno de Maduro. Con el cambio político, muchos de estos individuos alegan haber actuado bajo coacción, sin beneficio personal ilícito o dentro del ámbito de sus funciones institucionales legítimas. Las sanciones Venezuela 2026 requieren estrategias de petición que incorporen la nueva realidad política como elemento de «cambio de circunstancias» ante la OFAC.

Paralelamente, la protección de inversores extranjeros que operaban en Venezuela bajo contratos con PDVSA exige un análisis previo de las licencias generales GL 40, GL 41 y sus modificaciones de 2026, así como de los riesgos de incurrir en violaciones secundarias por interacción con contrapartes venezolanas todavía en lista SDN.

En 2026, la OFAC ha continuado con las designaciones vinculadas al CJNG en México, extendiendo el alcance a sectores aparentemente alejados del narcotráfico. El caso de Kovay Gardens y otras cadenas hoteleras ilustra la exposición de empresas de tiempo compartido presuntamente utilizadas para lavado de capitales del cartel. Las cuentas de estas entidades en bancos estadounidenses han sido bloqueadas, afectando a proveedores, empleados y socios comerciales que desconocían los vínculos subyacentes.

El sector agroindustrial presenta un riesgo similar: empresas exportadoras de aguacate, limón, tomate y otros productos han sido investigadas o designadas por presuntas relaciones de extorsión o participación societaria del CJNG. La defensa frente al lavado de dinero en estos casos exige demostrar la ausencia de conocimiento (mens rea) y la ruptura documental de cualquier flujo financiero hacia el cartel.

Los asesores y abogados mexicanos que hayan prestado servicios a entidades posteriormente designadas enfrentan riesgo propio de ser incluidos como «gatekeepers». El compliance OFAC Latinoamérica para despachos profesionales implica implementar procedimientos de debida diligencia (KYC/KYB) antes de aceptar mandatos en sectores de alto riesgo.

Cuba mantiene en 2026 el régimen sancionatorio más restrictivo de la región. La CACR prohíbe, salvo licencia específica o general aplicable, prácticamente cualquier transacción directa o indirecta con personas cubanas o entidades bajo control cubano. Las excepciones más relevantes cubren exportaciones de alimentos y medicamentos bajo la Trade Sanctions Reform and Export Enhancement Act (TSRA), remesas familiares bajo la GL 4, y servicios de telecomunicaciones para uso personal.

El turismo hacia Cuba desde EE.UU. continúa prohibido; los viajes solo son admisibles bajo las categorías autorizadas del 31 C.F.R. § 515.560. Las empresas europeas o latinoamericanas con accionistas o directivos estadounidenses deben evaluar si sus operaciones en el sector hotelero o logístico cubano generan exposición bajo IEEPA. Los activos de personas cubanas congelados en entidades financieras de EE.UU. permanecen inaccesibles sin licencia específica, con plazos de resolución frecuentemente superiores a 12 meses.

El éxito en un procedimiento de delisting o de reconsideración administrativa ante la OFAC depende de la concurrencia de al menos uno de los argumentos jurídicos reconocidos por la propia institución y por los tribunales federales:

Las designaciones de la OFAC generan un conflicto estructural con garantías procesales fundamentales reconocidas tanto en el derecho internacional como en el Quinto Amendment de la Constitución de EE.UU. La ausencia de notificación previa, la opacidad del expediente de designación y la inexistencia de un recurso suspensivo inmediato vulneran el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Los abogados especializados en derechos humanos del Collegium han articulado estos argumentos ante el U.S. District Court for the District of Columbia, que mantiene competencia preferente para revisar designaciones de la OFAC. La acción judicial bajo el APA (5 U.S.C. § 706(2)(A)) permite impugnar decisiones «arbitrarias, caprichosas o contrarias a derecho». En paralelo, la presentación de comunicaciones ante el Relator Especial de la ONU sobre sanciones unilaterales coercitivas refuerza la presión internacional sobre la OFAC para revisar designaciones con base probatoria insuficiente.

En 2026, la presentación autónoma de una petición de delisting sin asistencia jurídica especializada conduce, en la mayoría de los casos documentados, a un rechazo por deficiencias formales o probatorias. La OFAC no orienta al solicitante sobre las carencias de su petición; simplemente la deniega. Una primera negativa incrementa considerablemente el tiempo y el coste del proceso posterior.

El Collegium of International Lawyers adopta un enfoque integral que combina la defensa ante sanciones OFAC con la gestión paralela de procedimientos conexos: eliminación de alertas de Interpol, defensa en procesos de extradición y protección frente a investigaciones de compliance corporativo. Esta convergencia es frecuente en casos de HNWI (High Net Worth Individuals) latinoamericanos que, simultáneamente, enfrentan una difusión roja de Interpol, un procedimiento de extradición y una designación SDN.

La protección frente a la corrupción internacional y las alertas de organismos multilaterales exige una estrategia coordinada entre los distintos frentes. La firma gestiona todos estos procedimientos de forma centralizada, asegurando coherencia entre los argumentos presentados ante foros distintos.

El Dr. Anatoliy Yarovyi y el abogado Dmytro Konovalenko lideran el equipo de sanciones del Collegium con experiencia directa en casos ante la Comisión de Control de Expedientes (CCF) de Interpol, la OFAC y los tribunales de distrito de EE.UU. Su práctica abarca la defensa de empresarios, ejecutivos corporativos y altos cargos gubernamentales de países latinoamericanos y de Europa del Este enfrentados a designaciones SDN, alertas rojas y procedimientos de confiscación de activos en múltiples jurisdicciones.

Los abogados internacionalistas sanciones del equipo han gestionado con éxito casos de desbloqueo de cuentas OFAC en los que las entidades financieras habían aplicado bloqueos preventivos derivados de la Regla del 50%, afectando a empresas sin vinculación directa con el SDN designado. En asuntos de quitar nombre de lista OFAC por error de identificación, la firma ha obtenido resoluciones favorables en plazos inferiores al promedio sectorial.

El bloqueo de cuentas bancarias o la notificación de inclusión en la lista SDN requiere actuación jurídica inmediata. Cada día de inacción amplía el daño reputacional, dificulta la reconstrucción del expediente defensivo y puede generar violaciones secundarias involuntarias por parte de socios comerciales que interactúen con el afectado.

El Collegium of International Lawyers ofrece una evaluación inicial del caso para determinar la naturaleza y alcance de la designación, las vías de impugnación disponibles y los plazos previsibles del proceso de delisting o licencia específica. La consulta con abogados internacionales expertos permite trazar una hoja de ruta jurídica antes de adoptar cualquier medida que pudiera comprometer la estrategia defensiva.Contacte al equipo a través del formulario disponible en alertainterpol.com/servicios/ofac-abogados/ o directamente por los canales habilitados.